En este reportaje de la revista de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle 'Ciudad Vaga', se muestra que la educación superior privada es un negocio que prospera a costa del desfinanciamiento de la universidad pública y el crecimiento de los créditos educativos. Hoy, pagar las costosas matrículas de las instituciones privadas es sólo uno de los obstáculos que los estudiantes deben enfrentar al incorporarse en las lógicas del mercado educativo.

Por: Alejandra Gálvez, Daniel Zaya, Edward Valencia, Jennifer Córdoba, Manuela Riveros, Jhonatan Galeano.

Cuando Nathaly entró a la Universidad Autónoma de Cali, tenía 17 años y una estatura superior al promedio, pero eso no impedía que su rostro la hiciera parecer una niña. Su cabello rizado caía sobre los hombros y a cada rato era posible distinguir su fina dentadura, sonreía casi todo el tiempo. Estaba dispuesta a hacer de la universidad la mejor experiencia de su vida. Pero al cabo de seis meses, los líos económicos comenzaron a eclipsar sus expectativas.

Milena Martínez, su madre, inició su proceso de pensión después de trabajar 35 años como enfermera. Los gastos del hogar quedaron a merced del padre, Francisco García, un hombre sencillo y de expresión severa que trabaja suministrando repuestos a las máquinas de los ingenios. De repente, un salario mínimo debía dividirse entre los cuatro recibos mensuales que llegaban a la puerta: servicios públicos, internet y televisión, y dos sobres que les recordaban las deudas que habían adquirido para pagar la universidad. Contra todo pronóstico, el dinero debía alcanzar para el mercado y los gastos cotidianos. “¿Cómo pueden vivir así?”, preguntó la trabajadora social de la universidad durante la visita domiciliaria. No sabía que los García no iban a cine ni comían fuera de casa desde hace mucho tiempo, que ya no salían los fines de semana y que ahorraban hasta lo más mínimo. Sólo privándose de tantos gustos superaron el colapso de la economía familiar. La crisis inició en el 2014, cuando Milena, afanada por el futuro de su hija, decidió pedir un préstamo para pagar la matrícula universitaria.

Una grieta de cinco metros divide en dos partes la fachada de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional en Bogotá. El segundo piso ya no se sostiene: con su peso ha retorcido las ventanas del primero, por lo que Martha Combariza, directora del programa de Artes Plásticas, ha ordenado su desalojo. Los estudiantes se niegan a abandonar el resquebrajado edificio, declarado bien de interés cultural de la Nación. Ignacio Mantilla, rector de la Universidad, ha dicho que para restaurar la planta física del campus se necesitarían unos 2 billones de pesos. El presupuesto total del 2015 para la institución rondó los 1,5 billones. El Estado aumenta los recursos para las universidades públicas de acuerdo al alza anual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así lo plantea la Ley 30 de 1992. Este ritmo de crecimiento financiero impediría la ampliación de la cobertura, ya que el dinero aportado por la Nación pierde valor adquisitivo frente a los nuevos gastos de las universidades. Sin embargo, las matrículas en dichas instituciones aumentaron al punto de generar, según el Sistema Universitario Estatal (SUE), un déficit de 11,15 billones de pesos hasta 2012, es decir, más de seis veces el presupuesto aprobado para Cali ese mismo año.

Este desfase entre cobertura y presupuesto en las universidades públicas es tan grave que la Universidad Nacional en Bogotá, con el fin de conservar la calidad académica de sus más de 40 mil estudiantes, ha tenido que desentenderse de la mala salud de su infraestructura. Tiene 21 edificios en riesgo de alta vulnerabilidad y cuatro en amenaza de ruina: la torre de Enfermería, la Escuela de Cine y Televisión, el estadio Alfonso López Pumarejo y la Escuela de Artes Plásticas. En la Universidad del Valle, por ejemplo, la congestión en el restaurante universitario es cada vez mayor, hay filas multitudinarias para subir a los tres comedores que ya no dan abasto, y el edificio principal de la Facultad de Artes integradas está construido a medias. Cada vez hay más estudiantes matriculados en las universidades públicas con menos recursos por cada uno. El Director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), Jorge Armando Rodríguez, en su artículo sobre la reforma de la educación superior, publicado por Razón Pública, estima que en el 2023 el Estado habrá reducido sus aportes presupuestales de 2,5 millones a 1,9 por estudiante.

Lea todo el reportaje siguiendo este link: https://goo.gl/rNKnkz

Desde el 26 de noviembre hasta el 01 de diciembre se realizará, en la Isla de San Andrés, la Conferencia Internacional de Matemática Aplicada e Informática, dedicada a la memoria del profesor Alexander Vasil'ev (1962-2016).

La profesora Olga Vasilieva, del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle, y quien coordina del comité organizador del evento, manifiesta la importancia de que el país participe en eventos de matemática aplicada a través de sus universidades “Porque hoy en día cualquier ciencia requiere modelos, métodos y herramientas matemáticas, de manera que la matemática aplicada es un eje central que garantiza el progreso científico y tecnológico tanto en Colombia como en otros países”.

Este año se realizará durante el evento el “Foro de análisis, Geometría, Matemática y Física” organizado por académicos de Chile, Estados Unidos, Luxemburgo, Noruega y Suecia. También serán tema de discusión en mini simposios y sesiones temáticas las aplicaciones del álgebra abstracta a la comunicación, la probabilidad aplicada, los procesos estocásticos; las geociencias Matemáticas y Las TIC y el Quehacer Matemático entre otros temas afines.

La organización del evento cuenta con el apoyo de docentes de las universidades de los Andes, la Guajira, Nacional de Colombia, Tecnológica de Pereira, Autónoma de Occidente, de Nariño, Santiago de Cali, Javeriana, del Atlántico, ICESI y del Valle.

ICAMI 2017 destinado a reconocer, apoyar y promover la excelencia en la investigación científica sobre temas relacionados con la matemática aplicada y la informática en América Latina y el Caribe, además de facilitar los contactos entre investigadores individuales e instituciones de la región con destacados científicos internacionales.

Para más información acerca de la inscripción y las sesiones temáticas de la Conferencia visite el siguiente enlace: http://www.icami2017.org/

Tomado de El Colombiano.

Un artículo firmado en la revista Science por el prestigioso pensador estadounidense Noam Chomsky, por el experto antioqueño en cambio climático Germán Poveda; por Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, y por Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, le dice al mundo que el Gobierno colombiano está ignorando la forma en que el Acuerdo de paz con las Farc puede ser “una oportunidad extraordinaria para impulsar la educación, las ciencias y las humanidades”.

Según dicen los académicos, el costo de la guerra prolongada ha sido enorme para Colombia, no solo en el número de víctimas (8 millones) y sufrimientos humanos, sino también en el desvío y agotamiento de los recursos económicos nacionales. Por ejemplo, exponen que durante el período 2006-2016, el gasto promedio anual de la nación en ciencia y tecnología ascendió a 0,20% del PIB, muy por debajo de las cifras de otros países latinoamericanos como Brasil (1,21%), Argentina (0,65%), México (0,43% %), y Chile (0,42%). “

También se ha estimado que una paz definitiva en Colombia aumentará un 1% adicional el PIB nacional anual”, exponen, y advierten que a pesar del acuerdo de paz, el presupuesto de 2018 enviado por el gobierno de Santos al Congreso para su aprobación incluye un aumento del 8,2% para las fuerzas militares, y una disminución general para el resto de sectores, “una decisión altamente contradictoria proveniente de un Premio Nobel de Paz”.

Chomsky y los demás escriben que la situación es especialmente llamativa y desalentadora para la ciencia y la tecnología, debido a la reducción de 100 millones de dólares en 2017 a 75 millones de dólares en 2018. Lo anterior, calculan, significa menos de US $ 2 per cápita, muy por debajo de las cifras de otros países latinoamericanos como Brasil (US $ 473), México (US $ 188) y Argentina (US $ 130). “

La paz duradera y la nueva civilidad, que van mucho más allá del silenciamiento de las armas y del desmantelamiento de las armas, solo pueden lograrse conjuntamente con el mejoramiento del sistema educativo público que incluye la enseñanza primaria, secundaria y postsecundaria tanto de pregrado como de postgrado. El acuerdo de paz en Colombia también exige un apoyo en profundidad a las humanidades, incluyendo la filosofía, la historia, la geografía, la antropología, la sociología y la literatura, que involucran y apoyan la investigación científica en el campo de las ciencias naturales, la ingeniería, las matemáticas y la tecnología”, destacan los académicos.

Este nuevo propósito nacional, dicen, requiere (“necesario pero no suficiente”) la asignación de recursos financieros y económicos adecuados. “El acuerdo de paz abrió una oportunidad extraordinaria para intercambiar la guerra por la educación, reorientando el presupuesto utilizado hasta ahora para financiar la guerra hacia las tan necesarias inversiones en educación y ofreciendo un excelente escenario para impulsar la inversión pública en las ciencias naturales y sociales y las humanidades, hasta por lo menos la muy esperada recomendó el 2% del PIB para el beneficio de la sociedad colombiana”, sostienen. “

Desafortunadamente, el gobierno está ignorando equivocadamente esta oportunidad excepcional con el presupuesto 2018 propuesto, y por lo tanto exhortamos al Congreso a corregir tal error histórico”, concluyen.

Los países latinoamericanos, y más específicamente Colombia, no ha salido beneficiada con la internacionalización de la ciencia. Esta podría ser una de las conclusiones de la conferencia “La medición de la ciencia y el recorte a la universidad como proyecto cultural”, dictada por el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Yuri Jack Gómez.

La conferencia organizada por la vicerrectoría de investigaciones, en el Auditorio Antonio J. Posada, del Campus de Meléndez, tuvo como propósito reflexionar sobre las políticas y el direccionamiento de la ciencia y la tecnología.

En la charla, el profesor Yuri Jack Gómez comenzó por comentar que la bibliometría o historia social de la ciencia inició en 1911, aunque sólo 50 años más tarde se considera que se puede hacer una ciencia para medir la ciencia.

En América Latina la discusión sobre la medición de la ciencia llegó a finales de la década de los 80, cuando gran parte de la investigación, en la región, se hacía con dineros provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID.

Y como es usual cuando el BID aporta recursos, impone algunas condiciones que se traducen en reformas estructurales que giran en torno a una nueva agenda latinoamericana en ciencia y tecnología y que estaba guiada por la intención de internacionalizar las publicaciones.

Esta política, acompañada de incentivos, concentró en Colciencias, como entidad a través del cual se financiaba la investigación en Colombia, la autonomía para decidir qué investigar, teniendo como parámetro básico la internacionalización de lo que publican los investigadores.