De izquierda a derecha: Liliana Torres, directora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano; Martha Giraldo, secretaria técnica de MOVICE capítulo Valle del Cauca; Juan Ramón Almejo, doctorando en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara; Luisa María Rodríguez, magíster en Intervención Social, y Solanyer López, profesora de la Escuela de Trabajo Social y coordinadora del conversatorio.
Oficina de Comunicaciones
Facultad de Humanidades
Entre las diversas y necesarias consideraciones incluidas en la normativa emanada en la Ley 1448 de 2011, encargada de establecer las medidas de atención, asistencia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, y que garantiza la verdad, la justicia y la no repetición, se le otorga un lugar importante a la memoria histórica. Particularmente, en el artículo 142 se estableció que todos los 9 de abril se conmemore el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
En correspondencia con la norma, pero, sobre todo, con el profundo compromiso por visibilizar la desaparición forzada, una las experiencias más dolorosas de nuestro conflicto armado, el Grupo de Investigación en Sujetos y Acciones Colectivas de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Humanidades realizó el conversatorio Desaparición forzada y dignidad humana: una deuda histórica.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. En Colombia, las cifras de personas desaparecidas son más que alarmantes, y continúan en aumento a pesar de las expectativas suscitadas por hechos como la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (2015), la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP (2016), o la implementación de la Paz Total como política pública del Estado colombiano (2022).
De acuerdo con el último registro, con corte a marzo de 2026, emitido por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), los casos de personas desaparecidas pasaron de 99.235 (2021) a 136.010 casos (2026). Si bien las cifras denotan un incremento, el reporte aclara que este también se debe a “la integración de fuentes, la depuración de registros y la consolidación de bases de datos que durante años estuvieron dispersas”.
Por otra parte, es evidente que en el fenómeno de la desaparición forzada hay una relación incómoda entre la cuantificación necesaria para diagnosticar, clasificar e implementar políticas de búsqueda, reparación y evitación, y la contundente evidencia de que cada caso de desaparición forzada arrastra otras historias, donde la vulneración de los derechos y el despojo de la dignidad son flagrantes. La deuda con las personas desaparecidas y su entorno sigue latente.
En el artículo 14 de la ley citada se consigna el deber de memoria del Estado, en el sentido de garantizar condiciones para que la sociedad -representada en las víctimas, la academia, los centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos, entre otros- implementen ejercicios de reconstrucción de memoria y contribuyan a la materialización del derecho a la verdad, del que son titulares las víctimas y la sociedad. En este orden de ideas, para Solanyer López, profesora de la Escuela de Trabajo Social y coordinadora del conversatorio, es claro que la “Universidad, como institución académica, y nosotros, como profesores y profesoras, tenemos todo el deber ético y político de seguir apostando por la visibilización de las víctimas, por la visibilización de los hechos victimizantes que han sufrido, con darles un lugar dentro de la sociedad civil, y con apostar a procesos de construcción de paz comunitarios y sociales en diferentes territorios”.
Las voces expertas convocadas para el conversatorio realizado el pasado 9 de abril, en el salón Jorge Isaacs de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, fueron Martha Giraldo, secretaria técnica de MOVICE capítulo Valle del Cauca (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado); Juan Ramón Almejo, doctorando en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara (México), y Luisa María Rodríguez, psicóloga y magíster en Intervención Social de la Universidad del Valle.
Una de las intenciones del conversatorio fue reflexionar sobre cómo, desde la academia, se está contribuyendo a la compresión de las implicaciones sociales, políticas, culturales y psicológicas de este atroz fenómeno. Por ello, la presencia de Martha Giraldo resultó fundamental para entender la complejidad del fenómeno, así como la dificultad para responder positivamente a las demandas de los familiares de las personas desparecidas y, por supuesto, la evitación de más víctimas. Martha Giraldo, víctima del conflicto armado, tiene una experiencia de más de 20 años en la defensa de los Derechos Humanos.
Acerca de cómo pagar la deuda histórica que tiene la sociedad para con las víctimas de desaparición forzada, Giraldo apunta a que “el Estado colombiano la empieza a saldar previniendo la desaparición forzada y buscando a las personas desaparecidas. Esa es la única manera de darle viabilidad a esto, aliviar el dolor de las personas. La búsqueda en sí misma, en las conversaciones con los familiares, es reparadora porque es un delito que nunca se atiende. Cuando las familias van a las instituciones para denunciar, aún hoy, las instituciones estatales como la Fiscalía General de la Nación aducen cosas que para muchos son inverosímiles, “debe ser que se fue por su voluntad”, “quizá no quiere llegar”, y un montón de señalamientos y estigmas sobre las víctimas, sobre las personas que están desaparecidas, antes que buscarlas. La deuda se empieza a saldar a partir de que se empiece a prevenir y que se empiece a buscar a las personas desaparecidas”.
Este sentido de dignidad humana vulnerada es el tema de la investigación doctoral de Juan Ramón Almejo. El académico compartió en el conversatorio detalles de su acercamiento a la cotidianidad de las madres buscadoras en México. Para él, la vida de estas mujeres está lejos de considerarse digna, pues “aparte de ser trabajadoras, tienen que jugar este rol de investigadoras y de forenses, que eso no lo cubre el Estado. Entonces, tienen que trabajar doble para poder pagar un abogado, para reconocer cuerpos. Esto es algo drástico”.
Por su lado, Luisa María Rodríguez enfatizó que el dolor y la ausencia fueron las emociones que la motivaron a sumergirse, para su investigación de maestría, en la realidad de las familias de los desaparecidos, particularmente de Trujillo (Valle del Cauca). A su vez, quiso contribuir a la concientización, especialmente en los más jóvenes, del sufrimiento permanente que viven las familias de las víctimas de desaparición forzada a través de una narración titulada Hay una sombra. A propósito, señala que en allí “se busca relatar la espera. ¿Qué significa esperar a alguien veinte, treinta años? Que toda tu vida y cotidianidad se fractura por esa ausencia. ¿Qué significa salir y buscar cuando nadie quiere decirte nada…”? Hay una sombra fue publicado en una edición prolijamente ilustrada por Tatiana F. Berrio.
El evento contó con el apoyo de CAPAZ (Instituto Colombo-Alemán para la Paz). Una nutrida asistencia conformada por familiares de víctimas de desaparición forzada, líderes sociales, docentes, estudiantes y público general participó con apuntes y preguntas. De esta forma, la Universidad del Valle, a través de la Escuela de Trabajo Social, rindió un merecido reconocimiento a las familias de las víctimas de desaparición forzada y otorgó un espacio a activistas y académicos que han ligado sus trayectorias a esta causa.
